viernes, 5 de abril de 2013

La reforma local da el tiro de gracia a los servicios sociales



Os traslado la iniciativa que el grupo de IU ha presentado para su debate en el pleno del próximo 11 de abril. Que sea útil.


Los servicios sociales están en peligro de extinción. Ya no cabe ninguna duda. La deriva de recortes y “reformas estructurales” está dando al traste con el tercer pilar del que un día fue un precario Estado de “Medioestar”.

El recorte en ejercicios sucesivos desde 2010 de la financiación al Plan Concertado de Servicios Sociales y el anuncio reciente de la eliminación de su financiación por parte del gobierno del Partido Popular, viene a añadirse al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, en forma de recortes, bloqueo de entrada de nuevos usuarios y eliminación de recursos y prestaciones, buena parte de ellos, prestados desde el tercer sector. Todo apunta a que el derecho subjetivo a ser cuidado quedará convertido, tal y como señala el presidente de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España en un “producto financiero en manos de seguros privados”.

El anteproyecto de Reforma de la Administración Local que el PP ha presentado supone una nueva agresión, no solo al municipalismo, sino también, y muy especialmente, al sistema de servicios sociales creado en los años 80 y cuyo grado de consolidación dista mucho de acercarse al de los sistemas sanitario y educativo, también en riesgo de desmantelamiento y eliminación de su carácter público y universal.

El Colegio Andaluz de Trabajo Social viene alertando sobre la situación de emergencia social que vive nuestra comunidad y sobre el impacto que dicha reforma implicaría en las capacidades de las distintas administraciones de dar cobertura a mayores, enfermos mentales, de alzheimer, drogodependientes, discapacitados, temporeros, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia, víctimas de desahucios, y en definitiva, sectores sociales en situación o riesgo de exclusión social, que de entrar en vigor esta reforma, asistirían a un viraje definitivo de un modelo de “derecho” a un modelo de “beneficiencia”. Los Colegios de Trabajo Social de las ocho provincias andaluzas, ciudadanos,


ciudadanas  y movimientos sociales aglutinados en torno a la Marea Naranja vienen impulsando una campaña en defensa del sistema público de servicios sociales, en riesgo de extinción.

El anteproyecto de Reforma de la Administración Local elimina de entre las competencias de los ayuntamientos la “prestación de Servicios Sociales, promoción y reinserción social”, recogida como tal en el artículo 25 de la actual Ley de Bases de Régimen Local y sustituyendo el citado artículo por “la evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Asimismo, las restantes competencias en materia de servicios sociales quedan en manos de las Comunidades Autónomas y Diputaciones provinciales, pudiendo delegar aquellas en los municipios mayores de 20.000 habitantes, siempre y cuando exista la correspondiente transferencia económica sobre los parámetros del “coste estándar” del servicio, o “coste mínimo” establecido por el Ministerio de Hacienda.

Tal y como pronostican diversas organizaciones, las comunidades autónomas se verán impedidas para asumir tal volumen de servicios, derivados de la retirada de los servicios sociales en un sentido amplio, de los municipios menores de 20.000 habitantes y la merma sustancial del ámbito de actuación en el caso de los mayores de 20.000.

De este modo, el PP incorpora como principio rector de los servicios sociales un principio economicista, equiparando proximidad con despilfarro y alejando de la ciudadanía la prestación de servicios básicos y fundamentales para paliar la situación de emergencia social que atraviesa el país.

El Partido Popular en la Diputación Provincial viene gobernando desde estas premisas, siendo un alumno aventajado en la política general de su partido de desmantelamiento y venta del sector público en general, y en concreto de los servicios sociales. El cierre de la Guardería y de la Residencia de Colmenar o la amenaza de privatización de las Residencias de Archidona y de Antequera, alegando sobrecostes y falta de competencia, son solo algunos ejemplos de la política “austericida” y antisocial del Partido Popular en la Diputación provincial.

El grupo provincial de Izquierda Unida considera que en la actual situación de emergencia social, las administraciones públicas han de marcar como prioridad la cobertura de las necesidades sociales básicas, cuestión que pasa por defender el sistema público de servicios sociales y la prestación de los mismos, desde los entes más próximos y cercanos al ciudadano.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a realizar un informe jurídico sobre el impacto que el Anteproyecto de Reforma de la Administración Local, de aprobarse, tendrá en la prestación de los servicios sociales comunes y especializados que viene prestando la Diputación provincial.
  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a convocar con carácter urgente una conferencia de alcaldes, alcaldesas y concejales de servicios sociales de los municipios de la provincia, con el objeto de valorar el impacto del anteproyecto de Reforma de la Administración Local en los servicios sociales y diseñar estrategias comunes en defensa del municipalismo y del sistema público de servicios sociales 
  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a convocar un pleno con carácter extraordinario y monográfico sobre la situación de los servicios sociales comunes y especializados en la Diputación provincial y sus previsiones de desarrollo.

  1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que se sume a la campaña impulsada por el Colegio de Trabajo Social de la provincia en defensa del sistema público de servicios sociales.

  1. Instar al pleno de la corporación a manifestar ante la FEMP y la FAMP su rechazo al Anteproyecto de Reforma de la Administración Local así como su adhesión a aquellas enmiendas y alegaciones que se formulen por parte de ambas entidades en defensa del municipalismo. 

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